Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University
La deuda pública acumulada por los países de la Eurozona es
impagable. Ha alcanzado un nivel que los Estados no podrán pagar. Esto
aplica prácticamente a todos los países, pero muy en especial a los
países antes llamados PIGS (Portugal, Irlanda, Grecia y Spain), y ahora
GIPSI (con el añadido de Italia). En todos ellos la deuda pública está
por encima de los niveles permitidos en el Tratado de Maastrich, que
estableció las condiciones que los países debían seguir para entrar y
permanecer en el euro.
Frente a esta situación deberían hacerse dos preguntas.
Una es ¿cuál
es la consecuencia de que los Estados no paguen la deuda? Y la otra,
¿debería pagarse tal deuda? En realidad, los Estados no deberían pagar
la deuda, incluso en el caso de que pudieran hacerlo, pues esta deuda es
exagerada y la cantidad de intereses que se ha forzado a los Estados a
pagar para poder conseguir dinero, es decir, para que la banca comprara
bonos públicos del Estado, es artificialmente alta e inmoral. Y digo
inmoral porque esta exigencia de que los Estados paguen intereses altos
se basa en que ha sido la propia banca, a través de su lobby, el Banco
Central Europeo, la que ha creado la situación intolerable en la que los
Estados no tenían otro remedio para conseguir dinero que pagar tales
intereses exageradamente altos, pues el Estado no podía pedir prestado
dinero del BCE (mientras que los bancos sí que podían). Es como si una
persona robara dinero a otra y luego tuviera la osadía de prestarle el
dinero robado (porque no había dinero disponible de ninguna otra fuente)
a la persona robada, a unos intereses elevadísimos. El ladrón robaría
dos veces a la persona robada. Esto es lo que la banca ha hecho. Ha
eliminado el instrumento que los Estados tenían para protegerse de la
especulación de sus bancos, y así han conseguido intereses de los bonos
altísimos (ver mi artículo “La estafa de la deuda pública” en
El Plural, 29.11.12)
Por otra parte, es importante que se informe a la ciudadanía que los
Estados pueden conseguir recursos y que pueden conseguirlo sin necesidad
de endeudarse. La negación de esta posibilidad justifica las políticas
de austeridad y los recortes de gasto público, incluyendo el gasto
público social. Ahora bien, los Estados tienen enormes recursos que no
se están tocando. Por ejemplo, si analizamos la propiedad pública que
cada uno de estos Estados tiene, la cantidad total representa muchas
veces el valor de la deuda pública. Y éste es el filón de oro donde los
acreedores, es decir, los bancos, quieren meter mano. Tales Estados
deberían resistirse a ceder a esta demanda, pues una vez vendida tal
propiedad, ya no tienen donde apoyarse en el futuro.
Existe, sin embargo, una enorme propiedad privada que se ha ido
incrementando y concentrando durante estos hechos de recesión, cuando
las desigualdades de renta y propiedad han crecido exponencialmente, es
decir, muy rápidamente. Así, en Italia, el país de los GIPSI que tiene
mayor deuda pública (la OCDE calcula que en 2013 será un 122% del PIB)
tiene nada menos que en propiedad privada en inversiones y tierra el
377% del PIB, en inversiones financieras el 237% de PIB, y así un largo
etcétera. Stefan Bach, en un interesante artículo, “Capital Levies – A
Step Towards Improving Public Finances in Europe”, en
Social Policy Journal
calcula que un incremento de un 5% de los impuestos sobre tal propiedad
privada podría conseguir el equivalente al 15% del PIB, medida que, a
la vez que contribuir a reducir las desigualdades, disminuiría su enorme
deuda pública. No se conocen estudios semejantes en España pero es
probable que las cantidades fueran muy semejantes.
Otra área de ingresos son las rentas originadas del capital,
invertidas en actividades especulativas a través de la banca. Incluyo en
esta categoría la huída de capitales a paraísos fiscales u otros
países, distinta a los de los depositarios. Incluso el Banco Mundial, un
organismo de clara orientación conservadora, ha documentado en todos
los países de elevada deuda los fondos depositados en el extranjero, que
en cada uno de estos países representa una cantidad mucho mayor que el
tamaño de la deuda pública (ver el libro
Debt, the IMF and the World Bank. Monthly Review Press 2010, escrito por Eric Toussaint y Damien Millet).
España, uno de los países con mayores desigualdades de la OCDE puede y
debe conseguir fondos de aquellos que se beneficiaron más de los años
de bonanza. Dinero lo hay con gran abundancia entre las grandes
fortunas, las grandes empresas y la banca (que ha recibido fondos
públicos por una cantidad equivalente nada menos que al 10% del PIB). El
problema es que el Estado no los recoge. Influenciado por las grandes
fortunas, por las grandes empresas y por la banca, el Estado prefiere
endeudarse, beneficiando a la banca, a la cual se le paga más adelante
los intereses elevadísimos, con dinero público.
Un escándalo.